La Dictadura de Primo de Rivera

Para mantener el orden y hacer cumplir la ley en las zonas rurales, en 1923 empieza el reclutamiento de somatenes por parte del ejército: civiles con funciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Al frente de los partidos judiciales de Huércal Overa, los Vélez, Vera y Cuevas estuvo Pedro Parra Mena. Como requisito para entrar en este cuerpo era no estar contaminado por las añejas prácticas partidistas, demostrar su amor a Dios, a la Patria y al Rey, tener entre 23 y 60 años, acreditar buena conducta, ejercer alguna profesión, oficio o cargo, poseer un arma larga y abonar la cuota anual de tres pesetas. En 1929 eran o habían llegado a ser somatenes 38 personas. Colección: Amparo García García

Una salida militar a la crisis social y política

El 13 de septiembre de 1923 el general Primo de Rivera encabeza un pronunciamiento militar que le lleva a ocupar el gobierno hasta enero de 1930. La sociedad española del momento ve con agrado una salida militar a una situación que ya se hacía insostenible. Los problemas de la guerra de Marruecos, los nacionalismos de Cataluña que están ocasionando graves disturbios y la crisis del sistema parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, son algunos ejemplos. Uno de los ejes fundamentales del nuevo orden es luchar contra el caciquismo y la "vieja política", causa de los males de España y que era imprescindible regenerar. Una labor que pretende sanear todos los escalones de la Administración. De esta manera tienen lugar una serie de cambios y disoluciones en los Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos Civiles, Ministerios, Justicia, etc.

A nivel local, los gobernadores civiles nombran la nueva composición de las Juntas Vocales que sustituyen a los Ayuntamientos. Por Real Decreto del 13 de septiembre comienzan a sustituirse los distintos Consistorios de Almería, no sin polémica salpicada de irregularidades. La fiebre del momento lleva a la detención de numerosos alcaldes como el de Alcóntar, Doña María, Cantoria, Escullar, Huércal Overa, Serón, etc., aunque son puestos en libertad a los pocos días. Pero, sin duda, el caso más singular es el de Cantoria, donde fueron encarcelados 25 ex-concejales de las corporaciones presididas por Félix Peregrín López y Francisco Rodríguez López.

Cantoria pertenecía al Partido Judicial de Huércal Overa. El Gobierno Civil de Almería nombró al teniente coronel Calvache como alcalde de Huércal y delegado gubernativo para este distrito. Con su nombramiento se materializa un intento de confiar el poder local en manos de un militar con un amplio conocimiento de la región. Es una forma, a través del poder militar, hacer posible la aparición de políticos nuevos, alejados de las tradicionales clientelas caciquiles de ambos bandos políticos: los conservadores y los liberales. Los resultados obtenidos dejan mucho que desear. El celo y trastoque en las relaciones de poder que Calvache produce en el distrito no quedaron indiferentes. 

De distintos pueblos se alzaron protestas contra su labor, como demuestra el texto remitido en mayo de 1924 del pueblo de Cantoria, pero tengamos en cuenta que fue escrito por miembros de las redes caciquiles que han quedado al margen del favor gubernamental. "Ha constituido Ayuntamiento valiéndose de personas caciques. Ha nombrado su secretario a persona desprestigiada y amiga de caciques y lo mismo en Ayuntamiento de Cantoria y otros", en referencia al nombramiento en Cantoria a Pedro Llamas Martínez, de profesión propietario, alcalde desde el 2 de abril de 1924. A la vista de los resultados, parece claro que el efecto regeneracionista que Primo de Rivera pretendía no surtió el efecto deseado.